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Imagen: Crónica Global

 

Paso a comentar de forma resumida el Informe 2016/014 del 15 de febrero de 2016 sobre el uso de medios de localización y seguimiento por detectives privados emitido por la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional.

En la actualidad aún existen profesionales de la investigación privada que justifican la utilización de los dispositivos electrónicos de seguimiento, conocidos como balizas, con la finalidad de poder rastrear los movimientos del vigilado a distancia a través de conexiones telefónicas y ubicación por GPS.

Es evidente que el detective privado, en su legítima labor investigadora de ilícitos de carácter privado, necesita realizar vigilancias y seguimientos a la persona que es objeto de investigación y para ello, como establece la Ley 5/2014, de 4 de abril  de Seguridad Privada, está plenamente legitimado.

Pero, como dice el citado informe “el detective privado debe actuar investido de habilitación en sentido amplio, por cuanto no solamente debe cumplir escrupulosamente las exigencias formales en su actuación profesional, sino que debe hacerlo mediante la legitimación que su contratante debe ostentar como derecho jurídicamente reconocido y que faculta al investigador para actuar”.

Además, añade, “la actividad del detective exige, como pilar básico, la obligación de defender los derechos de su cliente y los del sujeto sometido a investigación, con especial atención al derecho a la intimidad de éste, de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de la Constitución”.

Es evidente que en su labor investigadora “el derecho a la intimidad del sujeto investigado puede entrar en conflicto con derechos jurídicamente reconocidos en el contratante, lo que se resolverá mediante el juicio de proporcionalidad, que determinará si una intromisión en la esfera íntima tiene las exigencias de útil, necesaria y equilibrada”.

Y para ello, cuando se emplean medios técnicos debe ajustarse al juicio de proporcionalidad por cuanto puede suponer de intromisión en la esfera íntima del investigado y además en la actualidad requiere de una orden judicial previa.

Es conocida la Jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo que – sobre las medidas limitativas de derechos fundamentales–obliga al acomodo al principio de proporcionalidad, y donde deben cumplirse los tres requisitos o condiciones  siguientes: si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto) (…)[1].

Por otra parte, y como anticipaba el magistrado D. Eloy Velasco, experto jurista en esta materia en su trabajo Tecnovigilancia, geolocalización y datos: aspectos procesales penales, en el año 2014 reclamaba una validación de los sistemas tecnológicos que, previa regulación normativa, tuviese un control tanto en su duración como en los casos en que pueden ser empleados, además de la previsión de reserva y cuidado del resultado obtenido con el empleo de dichos medios.

Por otra parte y respecto de vigilancias o seguimientos ocasionales o con medios técnicos menos “invasivos”, el mismo autor señalaba que “no exige mandamiento judicial, dada su apenas despreciable intrusión, salvo que su colocación sea muy intensa (prolongada en el tiempo, sobre terminal de uso privado) o afecte a espacios privados”.

Es por esta razón que, hasta junio del año 2014, la práctica de un seguimiento mediante el empleo de un sistema no invasivo, acompañada del ejercicio inmediato de la labor operativa de los policías actuantes (o, en su caso, los detectives), era una actividad consentida por la ley.

Sin embargo, como dice el citado informe “toda esta teoría está en estos momentos, limitada por el contenido de lo dispuesto en el artículo 588 quinquies b. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,[2] que, sobre la utilización de dispositivos o medios técnicos de seguimiento y localización, establece el control previo judicial de las medidas tecnológicas de seguimiento y localización”.

Por esta razón, la utilización de estos dispositivos desde la entrada en vigor de este artículo el 6 de diciembre de 2015, requiere la autorización judicial previa y su empleo sin esta constituye una ilicitud que invalida judicialmente la información obtenido por vulnerar la norma procesal sin perjuicio de incurrir en un ilícito penal quien lo utilice sin el oportuno mandamiento judicial e infringir flagrantemente la Ley 5/2014 de Seguridad Privada.

[1] Doctrina consolidada por, entre otras, STS 5.12.2003.

[2] Introducida por L.O. 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica («B.O.E.» 6 octubre).Vigencia: 6 diciembre 2015

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3 thought on “Utilización de balizas de seguimiento por detectives privados”

  1. Buenos días, compañero.

    Le sugiero que se informe bien sobre el tema LECr – Balizas – Detectives Privados.

    Está el asunto caliente y no nos hace ningún bien esto a los Detectives.

    El caso es que no es delito el uso por detectives ni es preciso la solicitud de autorización judicial para su uso pues un detective privado no investigar delitos públicos y el uso de estos dispositivos (siempre que se cumplan los requisitos y los principios que si nombra), se hace conjuntamente con un seguimiento del vehículo y de la persona, la baliza solo es complementario por las dificultades que puedan surgir o han surgido en servicios anteriores y para garantizar que se cumple con las expectativas del seguimiento, garantizando el principio de “velar por los intereses del cliente” al que nos debemos los detectives privados.

    Entonces ya son varias sentencias recurridas, otros compañeros podrán avalarlo (gustosamente por privado le facilitaremos más datos), ganadas ante el órgano jurisdiccional superior a quienes inicialmente les habían imputado un presunto delito de violación de la intimidad del investigado.

    Es todo una mala interpretación de las leyes y como aplicarlas, en especial la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que por supuesto regula todo el proceso de cómo bien dice, del Enjuiciamiento Criminal, lo cual no es el caso en absoluto en de los Detectives Privados.

    Muchas gracias.

    Detectives Vestigio 8
    info@detectivesvestigio8.com
    http://www.detectivesvestigio8.com

    1. adolfo dice:

      Cuando surgen dudas en el procedimiento penal lo aconsejable es acudir a lo que dice la Ley y en la actualidad, no antes porque el uso de las balizas de seguimiento en la investigación de los delitos, sean públicos como privados, no estaba regulado, está establecido por el art. 588 quinquies b) de la LEcr. que establece “1. Cuando concurran acreditadas razones de necesidad y la medida resulte proporcionada, el juez competente podrá autorizar la utilización de dispositivos o medios técnicos de seguimiento y localización. 2. La autorización deberá especificar el medio técnico que va a ser utilizado… 4. Cuando concurran razones de urgencia que hagan razonablemente temer que de no colocarse inmediatamente el dispositivo o medio técnico de seguimiento y localización se frustrará la investigación, la Policía Judicial podrá proceder a su colocación, dando cuenta a la mayor brevedad posible, y en todo caso en el plazo máximo de veinticuatro horas, a la autoridad judicial, quien podrá ratificar la medida adoptada o acordar su inmediato cese en el mismo plazo. En este último supuesto, la información obtenida a partir del dispositivo colocado carecerá de efectos en el proceso”
      Anteriormente al no estar regulado su uso, se entendía que no se vulneraba el art. 18.1 CE y no se preveía la necesidad de autorización judicial respecto de las intervenciones que afectan al derecho a la intimidad de modo que excepcionalmente se admitía la legitimidad constitucional en algunos casos y con la suficiente y precisa habilitación legal, que los agentes puedan realizar en el ejercicio de sus funciones de investigación determinadas actuaciones que constituyan una injerencia leve en la intimidad de las personas sin previa autorización judicial siempre que se hayan respetado las exigencias dimanantes del principio de proporcionalidad
      Pero la situación actual afecta a todos los investigadores ya sean agentes de policía como investigadores privados que investigan delitos perseguibles a instancia de parte. Y sino fuera así, ¿cómo se debería interpretar la LEcr.? ¿afecta solo a la Policía Judicial? ¿no afecta a los agentes que investigan delitos privados? Sin tener en cuenta otras consideraciones, ¿cuáles serían las consecuencias procesales de aportar en un informe de un investigador privado el resultado de la utilización de estos medios de investigación sin atenerse a lo establecido en la ley procesal? ¿tendría validez o se podría impugnar por las partes como prueba irregular o ilícita? La respuesta es más que evidente porque nos podríamos hacer una última pregunta ¿cuántos informes de detectives incluyen en la actualidad el detalle del seguimiento electrónico realizado al investigado? y la respuesta la conocemos todos y su razón también. Entonces si no se incluye ¿se puede considerar ajustado a Derecho su uso en la actualidad sino se hace como establece la LECr?
      Aconsejo leer el artículo doctrinal de la Fiscal Mª del Mar Ramos Lopez-Herrero de la Sección Antidroga de la Fiscalía Provincial de Málaga porque aclara estos conceptos. Informe de la Fiscalía Provincial de Málaga
      Saludos,

  2. Totalmente de acuerdo con nuestro compañero de Vestigio. Los detectives privados y sus actuaciones nunca pueden estar regidas por la LeCrim ya que no investigamos delitos. Y nunca acudiríamos a un juez para pedir la colocación de una baliza. Dicho esto, yo estoy totalmente en contra del uso de estas salvo en contadas ocasiones y teniendo que estar estás muy bien justificadas. Nuestra obligación es la de investigar, correcto, pero también la de salvaguardar al máximo la intimidad de las personas y ser lo menos invadidos prosibles.

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