02/06/2019 adolfo 0 Comments

La investigación policial de los delitos relacionados con la corrupción

En materia de investigación de los delitos relacionados con la corrupción es crucial su detección como mejor forma de prevención y que suele ser mediante:

  • Denuncias de particulares y funcionarios (secretarios e interventores de la administración local)
  • Querellas por fraude o delito de corrupción entre particulares presentados en sede judicial
  • Denuncias de la AEAT a la Fiscalía
  • Informes del SEPBLAC por operaciones sospechosas declaradas
  • Diligencias de investigación de Fiscalía abiertas de oficio o por denuncia de particulares
  • Investigaciones policiales de oficio por otros delitos como el delito de blanqueo y relacionados con la delincuencia económica y fraude fiscal.
  • Denuncias de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude por fraude de subvenciones
  • Últimamente se han investigado numerosos casos de corrupción en España. Casi a diario, los medios informan con nuevos hechos en los que aparecen implicados políticos y funcionarios de la Administración Pública.

La corrupción fue definida por la Convención de Palermo[1] como una forma especialmente grave de la criminalidad organizada y obliga a los países que la han ratificado, como es el caso de España, a tipificar la corrupción de Funcionarios Públicos.

El Cuerpo Nacional de Policía, a través de sus unidades especializadas (UDEF Central) ha realizado multitud de investigaciones de delitos relacionados con la corrupción siguiendo las instrucciones de la Autoridad Judicial y de la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción[2] en cuyo seno existe una Unidad Adscrita del CNP.

En los delitos relacionados con la corrupción la Policía Judicial debe acreditar, entre otros aspectos, lo siguiente:

  • Constatar la condición de autoridad o funcionario público de los investigados.
  • Recoger la documentación acreditativa de la resolución investigada y sus irregularidades administrativas y/o penales (prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, etc.).
  • Si se trata de un acto administrativo, se debe comprobar si el que lo otorga es o no competente y si se ha ejercido alguna “influencia”.
  • Constatar si se trata de una resolución injusta, arbitraria o se dicta en abierta contradicción con el ordenamiento jurídico, sin atender mínimamente a las reglas de interpretación de las normas.
  • Beneficio obtenido en su provecho o de tercero y reconstrucción del circuito económico mediante el estudio documental.

 

[1]Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, hecha en Palermo en diciembre de 2000.

[2]La Fiscalía  Anticorrupción investiga y conoce de los procesos de especial trascendencia, relativos a los delitos económicos u otros cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos relacionados con el fenómeno de la corrupción.

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