Alerta del GAFI en la pandemia sobre la irrupción de la delincuencia y corrupción

La emergencia internacional derivada por el coronavirus (Covid-19) ha encendido las alertas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), por lo que este organismo hizo una llamada a las naciones a fin de fortalecer sus esquemas de prevención y lucha del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en línea con sus 40 Recomendaciones.

Xiangmin Liu, presidente del GAFI, dijo que la contingencia global del Covid-19 obliga a los gobiernos a abordar los riesgos de los delitos financieros relacionados con la emergencia y, además, exhortó a las instituciones financieras a tomar las medidas necesarias para no retrasar los apoyos a organizaciones sin fines de lucro que luchan contra la pandemia.

Se manifiesta además que los delincuentes están aprovechando la pandemia de COVID-19 para llevar a cabo fraudes financieros y estafas de explotación, incluida la publicidad y el tráfico de medicamentos falsificados, ofreciendo oportunidades de inversión fraudulentas y participando en esquemas de phishing que se aprovechan de los temores relacionados con el virus. Es probable que aumenten los delitos cibernéticos maliciosos o fraudulentos, la recaudación de fondos para organizaciones benéficas falsas y varias estafas médicas dirigidas a víctimas inocentes así como el uso de información privilegiadas en relación con COVID-19, sin olvidar que al igual que los delincuentes, los terroristas también pueden aprovechar estas oportunidades para recaudar fondos.

Además, los delincuentes y terroristas pueden tratar de explotar lagunas y debilidades en los sistemas nacionales contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo mientras asumen que los recursos se concentran en otros lugares, lo que hace que la supervisión basada en el riesgo y la actividad de aplicación sean más críticas que nunca.Se recomienda que las instituciones financieras y otras empresas deben permanecer atentas a los riesgos emergentes del blanqueo y de la financiación de las actividades terroristas y asegurarse de que continúen mitigando estos riesgos de manera efectiva y puedan detectar e informar actividades sospechosas.

Asimismo, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)[1], en un comunicado más explícito, publicó el día 8 de abril lo que denomina Comunicado del GAFILAT sobre COVID-10 y sus riesgos asociados de lavado de activos y financiación del terrorismo en el que se manifiesta, entre otras cosas que  ante la presente situación que representa la pandemia de COVID-19, la comunidad internacional ha tomado medidas y ha aplicado recursos a fin de mitigar en lo posible el impacto de este fenómeno en la población. En este esfuerzo necesario, surge la posibilidad de que algunas medidas o controles encaminados a la prevención y combate al Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la proliferación, se hayan visto afectadas y por lo tanto surjan posibles amenazas y/o vulnerabilidades en los sistemas Anti-Lavado de Activos y Contra el Financiamiento al Terrorismo (ALA/CFT) implementados por los diferentes actores en las distintas jurisdicciones en el mundo.”

Añade este texto que “el GAFILAT considera imperativo revisar los posibles riesgos emergentes que resulten a causa de la situación sanitaria mundial y cerrar las puertas que este fenómeno y las medidas para mitigarlo han abierto, a fin de evitar que las organizaciones criminales puedan aprovecharlo y salgan fortalecidas…En este sentido, este organismo regional insta a sus países miembros y a la comunidad internacional en general a cerrar las filas en estrecha colaboración con el sector privado y los distintos actores relevantes a fin de fortalecer los sistemas ALA/CFT utilizando un enfoque basado en riesgo, a fin de abordar las amenazas y vulnerabilidades que pudieran emerger a causa de la situación mundial actual.

Como resultado del esfuerzo por identificar nuevos riesgos y, derivado del monitoreo que se ha realizado con los países miembros y con la comunidad internacional (en especial concordancia con las medidas informadas por el GAFI), se han identificado algunos fenómenos que pudieran traducirse en riesgos de LA/FT derivados de la pandemia del COVID-19,:

  • Se anticipa el aumento de fraudes financieros y estafas, el tráfico de medicamentos falsificados y la oferta de inversiones fraudulentas en modalidad de esquemas “ponzi” aprovechando la incertidumbre económica y los miedos causados por la pandemia. Asimismo, dada la alta demanda de los insumos para poder manejar el problema sanitario, se prevén esquemas asociados al tráfico ilícito de mercancía relacionada, la adulteración de medicamentos e implementos médicos, así como la venta de estos insumos sin los estándares requeridos por el sector salud respecto a: mascarillas, medicamentos, trajes, guantes, etc, y la sobrevaloración de estos insumos dada la alta demanda mundial y poca disponibilidad.
  • Se prevé un posible repunte en delitos relacionados con corrupción, por ejemplo, ante la realidad actual, el estado debe destinar grandes sumas de dinero para la adquisición de los insumos que requiere el sector salud para afrontar la pandemia, por la necesidad y urgencia que supone un estado de emergencia nacional, los procedimientos de adquisición de bienes son flexibilizados, lo que supone un mayor riesgo de corrupción.

En definitiva, estos importantes Organismos internacionales, que vigilan la utilización del sistema económico para blanquear el dinero de procedencia ilícita, alertan de la próxima irrupción en el mundo, como consecuencia de la pandemia que se cierne globalmente, sobre las amenazas que se acechan de determindas organizaciones criminales que ejecutarán importantes estafas provechando el relajamiento de los mecanismos de control y supervisión existentes en el sector privado y público centrados en el suministro fraudulenta de importantes partidas de material sanitario para combatir esta terrible enfermedad.

Asimismo, informan de la irrupción de muchos casos de corrupción inherente a las adquisiciones internacionales de estos productos, dada la urgencia, relajamiento en el control legal o falta de transparencia en la contratación pública, algo que cuando se controle la pandemia, casi con toda seguridad, se verá reflejado en numerosos procesos judiciales por delitos relacionados con la corrupción y que se refleja en la sobrevaloración en el suministro de estos artículos que obedecen a estructuras mercantiles criminales con sociedades interpuestas siguiendo los mecanismos ilícitos del blanqueo de capitales.

Dada la importancia de esta advertencia, y la seguridad de que en un futuro inmediato se abrirán causas penales relacionadas con adquisiciones de estos productos a terceros países, será preciso desarrollar investigaciones altamente especializadas por expertos en delitos económicos en los que se precise conocer el mecanismo que siguen estas mercancías con arreglo a la normativa aduanera, algo que detallaremos, con el mejor criterio, en el siguiente artículo destinado a todos aquellos investigadores que pueda ser de su interés.

[1] El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica, América de Norte y el Caribe para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM), a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales de prevención y combate a dichos temas, así como la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros. Se creó formalmente como Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) el 8 de diciembre de 2000 en Cartagena de Indias, Colombia, mediante el Memorando de Entendimiento constitutivo del grupo suscrito por los representantes de los gobiernos de nueve países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Posteriormente se han incorporado como miembros plenos México (2006), Costa Rica, Panamá (2010), Cuba (2012), Guatemala, Honduras, Nicaragua (2013) y la República Dominicana (2016). Derivado del ingreso de países de Centroamérica y el Caribe, en el marco del XXX Pleno de Representantes se abrió el proceso de firma de la Enmienda del Memorando de Entendimiento, con la cual se modificó la denominación formalmente a GAFILAT, esto con el fin de incluir las distintas regiones geográficas a las que pertenecían los miembros, todos países de América Latina.

 

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