Ataque sistemático a páginas web y blogs

Como ya se ha comentado en otra entrada, el ataque clandestino a través de proxys o de la red Tor, de páginas web, blogs o correos electrónicos de terceros, con la intención de dañar su servicio, constituye una infracción penal que está tipificada en el artículo 264 bis del Código Penal como forma de ataque conocido como denegación de servicio (DDos) en la modalidad de “introduciendo o transmitiendo datos” (art. 264 bis, 1.b).

Estas acciones delictivas se castigan al obstaculizar o interrumpir el funcionamiento informático ajeno —o el propio si es compartido—, de forma grave —porque el muy breve o leve no es penal—, sin estar autorizado que deriva en bloqueo del servicio atacado y siempre que su finalidad no sea interferir el orden público[1].

El supuesto que describimos en este caso se corresponde con el perfil de atacante informático más nocivo y que se da mucho en la actualidad caracterizado como “depredador informático” que carente de toda empatía por su víctima, todo lo contrario de aquellos románticos traviesos de los tiempos iniciales y, que rastreaban la red en busca de víctimas sexuales, agraviados por temas económicos o de carácter personal y enfermizo sobre las que desarrollan ataques masivos o selectivos, como sucede en el caso descrito.

Estos delincuentes, conocidos como hackers, están muy lejos de los del comienzo de los tiempos informáticos que, sin que nadie se lo solicitara, accedían a sistemas informáticos estratégicos y de seguridad —la NASA, la Administración Pública, el Ejército, etc.—, todo ello para demostrarnos que tenían fallos de seguridad.

Se trata de delincuentes solitarios que usan la informática para causar daños o deterioro dirigidos a personas de las que se quiere vengar, normalmente por móviles sentimentales o personales y de las que tan solo en su mente enfermiza se oculta su intención actuando así por pura cobardía al interponer un sistema informático de por medio, evitando el contacto físico directo y conseguir el anonimato y supuesta impunidad lanzando la piedra a la vez que esconden la mano, insinuando siempre que lo hacen por considerarse víctimas en lugar de victimarios.

Por desgracia, el hacking, la accesión o intrusión en los sistemas informáticos ajenos, el espionaje informático de nuestra privacidad, y con ellos en los contenidos, archivos y secretos que en ellos guardamos, está a la orden del día, como delito medio para conseguir otros, en función del contenido que se pretende cotillear o como sucede en este caso, destruir.

Pero lo que algunos de estos sujetos, que vuelcan su frustración personal contra sus víctimas, desconocen que esas acciones penales tienen consecuencias de carácter civil como establece nuestro Código Penal al regular la responsabilidad civil derivada de las infracciones penales conforme viene establecido en el artículo 116. Esta responsabilidad alcanza, además del lucro cesante con la interrupción/daño ocasionados, a cálculos sobre el lucro cesante en función del tiempo de interrupción con el oportuno resarcimiento de las horas de trabajo afectadas, tipo de actividad y pérdidas en la cartera de clientes, época comercial del año, campañas en desarrollo, posibilidad o no de recuperar borrados, etc.

Y, lo más importante, en muchos casos, no se pueden obtener pruebas directas de la intrusión pero puede constituirse la prueba indiciaria al recoger todos los vestigios que deja el acometimiento informático y las comunicaciones que acompaña la agresión para poner en conocimiento de la victima el motivo por el cual es atacado como correos electrónicos, llamadas o mensajes de texto que pueden servir para enervar la presunción de inocencia y acabar siendo condenado por el delito de daños informáticos si el ataque prospera y se genera el perjuicio en la víctima que puede ejercitar acciones de responsabilidad civil sobre su autor.

NUNCA MEJOR DICHO, OJO…AVISO A NAVEGANTES ENFERMOS, TODAS LAS ACCIONES CRIMINALES DEJAN INDICIOS SIEMPRE…es cuestión de tiempo que acaben siendo detenidos. 

 

[1] En cuyo caso podría mejor imputarse el delito previsto en el Art. 560.1 CP.

 

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