Imagen: Europapress
“La Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (FdV) ha advertido del “difícil” encaje en la Ley de Seguridad Ciudadana de la retirada de lazos amarillos -solicitando la libertad de los separatistas presos- en lugares públicos de Cataluña. Se ha pronunciado así a raíz del anuncio por parte del gobierno autonómico catalán de que podrían aplicarse sanciones de hasta 30.000 euros amparadas en dicha norma a quienes realicen estas actuaciones. “Si para quitar un lazo amarillo se utilizara una radial o algo similar que pudiera dañar un elemento de la vía pública, sí se estaría incurriendo lo que dice la norma, pero ello no es de aplicación a lo que simplemente es retirar un lazo del color que sea”, ha indicado el portavoz de la FdV, Raimundo Prado. Se pregunta si no se podría decir lo mismo de la colocación de estos elementos, que simbolizan la solidaridad del movimiento independentista con los presos separatistas. También, si para poner una silla en la calle se precisa una concesión administrativa, la situación no debe ser similar para el caso de colocar lazos amarillos en lugares de dominio público. “No es tanto que lo quite o que lo ponga, y aunque utilización de la norma puede ser abusiva, también debe decirse que una sanción de este tipo puede ser recurrida en los tribunales por la vía contencioso-administrativa”, añade.
La fiscal general del Estado, por otra parte, María José Segarra, manifestó ayer que “no ve delito alguno” en colocar o retirar lazos amarillos, sino que“forma parte de la libertad de expresión”.
Pero ¿qué dice la denostada por los independentistas, Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, mal llamada ley mordaza que pretenden aplicar para sancionar la recogida de plásticos de color amarillo que se colocan con total impunidad en espacios públicos?
