Comunicación directa de policías autonómicas con Europol (y 2 parte)

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Todos sabemos la importancia que tiene en la prevención de las actividades terroristas la colaboración policial internacional y la ineludible necesidad de que todas las fuerzas de seguridad coordinen sus acciones a nivel estatal antes solicitar o transmitir información de esta naturaleza a otros estados de la Unión Europea por los canales establecidos según establece el Reglamento de la U.E. para la cooperación policial (Europol) que estamos comentando.

Todos los informes expertos sobre la expansión del terrorismo yihadista acreditan que existe una nutrida presencia de magrebíes combatientes en el conflicto sirio iraquí lo que genera una situación de inminente peligro en nuestro país por la proximidad geográfica y que se traducen en numerosas intervenciones policiales en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

Esta importante labor de prevención de actividades terroristas tiene un importante valor que se centra en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) responsable de la coordinación, análisis y valoración de la amenaza de carácter terrorista y del crimen organizado.

Y, ¿por qué se incide en este organismo como estructura básica en la prevención e investigación de delitos de esta naturaleza? Pues porque se entiende que la colaboración policial internacional no se concibe sino va acompañada del cumplimiento de las medidas de coordinación policial internas de cada estado ya que de todos es conocido que cada vez se descubren los denominados combatientes terroristas extranjeros (Foreign Terrorist Fighters, FTF en su acrónimo inglés).

Y, el CITCO se constituye como Punto Nacional de Contacto del Ministerio de Interior en esta materia con la misión de la coordinación y representación nacional ante Europol.

Sólo con esta aclaración se despejan varios de los interrogantes antes planteados ya que si toda la información de carácter terrorista fluye a través de este órgano se disipa cualquier posibilidad de descoordinación policial o vacíos de inteligencia criminal.

Y, a la vista de todo lo comentado ¿podemos seguir pensando que es factible la instauración de un sistema de comunicación directa de las policías autonómicas con Europol La Haya sin contestar a los interrogantes antes planteadas en el anterior documento?

Evidentemente es posible, técnica y jurídicamente, si políticamente se decide mediante Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad nombrar como autoridad competente designada para mantener contactos con Europol a la policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra (PG-ME), si se puede garantizar que se cumplirán todos los requisitos que exige el Reglamento de la Agencia de Europol, pero ¿se puede garantizar que se cumplirán sino se traslada adecuadamente todas las comunicaciones constancia a la Unidad Nacional de Europol en España?

Ese es el interrogante que no se puede resolver con las cautelas que nos exige la normativa europea, pero para ello se debería instaurar un sistema de control que permitiera comprobar, tal y como se refleja en la Instrucción 3/2014 de la Secretaría de Estado de Seguridad, de 26 de enero de 2014 sobre la “Unidad Nacional de Europol. Autorización de contactos directos con Europol a autoridades competentes designadas”, los siguientes aspectos que se cumplen por las dos autoridades competentes autorizadas actualmente, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil:

1.- Que reconozcan a la UNE de Europol en España, dependiente de la División de Cooperación Internacional de la Policía Nacional como único órgano de enlace entre Europol y las autoridades competentes designadas.

2.- Que se reconozca a la Oficina Nacional de Enlace en España en Europol como órgano policial integrado orgánica y funcionalmente en la UNE en donde existen enlaces permanentes de la PG-ME. y otras fuerzas de seguridad nacionales.

3.- Que todas las comunicaciones intercambiadas con Europol se hagan a través de esta Oficina Nacional de Enlace en España.

4.- Que en el caso de que sea autorizada como autoridad competente posteriormente, ya que actualmente no lo es la PG-ME, todas las comunicaciones intercambiadas en el curso de contactos directos con otras autoridades competentes designadas se remita copia integra y simultánea de la transmisión a la UNE española.

5.- Que se reconozca a la UNE Europol en España como responsable de la coordinación y supervisión del flujo de información entre las autoridades competentes designadas y Europol.

6.- Que todos los contactos establecidos se basen siempre en el interés nacional y las relaciones entre las autoridades competentes designadas se basen en los principios de lealtad mutua y transparencia.

7.- Que se reconozca a la Secretaría de Estado de Seguridad como órgano decisor en caso de discrepancia operativa que salvaguardará la confidencialidad de las investigaciones propias de cada cuerpo.

Y, ante todo lo comentado nos podemos preguntar ¿se dan las circunstancias técnicas y funcionales en la actualidad que permitan asegurar que todas estas exigencias se cumplan en el caso de que sea considerada autoridad competente la PG.-ME?

Dejo la respuesta a todos vosotros y gustosamente me ofrezco a debatir.

Saludos cordiales,

Adolfo de la Torre.

 

Comunicación directa con Europol La Haya por Policías Autonómicas

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Imagen: ABC

Como sabemos Europol fue creada por la Decisión 2009/371/JAI del Consejo como un ente de la Unión financiado con cargo al presupuesto general de la Unión para apoyar y reforzar la actuación de las autoridades competentes de los Estados miembros y su colaboración mutua en la prevención y la lucha contra la delincuencia organizada, el terrorismo   y   otras   formas   de   delitos   graves   que   afecten   a   dos   o   más   Estados   miembros (Ver Anexo1).

La Decisión 2009/371/JAI sustituyó al Convenio, basado en el artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, por el que se crea una Oficina Europea de Policía (Convenio Europol) que se derogó por el actual Reglamento 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo  de 11 de mayo de 2016, relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y que entró en vigor el 1 de mayo de este año 2017.

Dado que el terrorismo constituye una de las amenazas más significativas contra la seguridad de la Unión, Europol debe prestar asistencia a los Estados miembros para afrontar los retos comunes a este respecto además de apoyar y reforzar igualmente las acciones y la cooperación en la lucha contra las formas de delincuencia que afecten a los intereses de la Unión. Entre estas formas de delincuencia grave y sus delitos conexos respecto de las cuales Europol es competente, la delincuencia organizada seguirá hallándose comprendida en el ámbito de los objetivos principales de Europol pues, dada su dimensión, importancia y consecuencias, también requiere una actuación común de los Estados miembros debido a su alcance, gravedad y consecuencias.   (más…)

Instituciones de cooperación policial y judicial europeas

Introducción

El Tratado de la Unión Europea, firmado por los representantes de los Estados Miembros (EEMM) en Lisboa el 13 de diciembre de 2007 y en vigor desde el 1 de diciembre de 2009, y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea[1], en adelante TFUE, conforman hoy la constitución material de la Unión Europea junto al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Tratado EURATOM) y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El Tratado de Lisboa efectuó profundas reformas, aunque se destacan fundamentalmente en materia de seguridad la eliminación de los denominados «tres pilares» comunitarios, que se convierten en uno solo, dando como resultado un conjunto de competencias de la Unión.

Así el TFUE establece el espacio de libertad, seguridad y justicia, que se enmarca con los siguientes objetivos:

  1. Garantizar la ausencia de controles de las personas en las fronteras interiores y desarrollar una política común de asilo, inmigración y control de las fronteras exteriores que esté basada en la solidaridad entre EEMM y sea equitativa respecto de los nacionales de terceros países.
  2. Garantizar un nivel elevado de seguridad mediante medidas de prevención de la delincuencia, el racismo y la xenofobia y de lucha en contra de ellos, medidas de coordinación y cooperación entre autoridades policiales y judiciales y otras autoridades competentes, así como mediante el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal y, si es necesario, mediante la aproximación de las legislaciones penales.
  3. Facilitar la tutela judicial, garantizando en especial el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y extrajudiciales en materia civil.

Con la finalidad de poder dar cumplimiento a estos objetivos se diseñaron diferentes políticas en común con los Estados miembros en los siguientes ámbitos:

A) Cooperación policial y aduanera: Se pretende impulsar determinadas medidas como son:

a) Recogida, almacenamiento, tratamiento, análisis e intercambio de información pertinente.

b) Apoyo a la formación de personal, así como la cooperación para el intercambio de personal, los equipos y la investigación científica policial.

c) Empleo de técnicas comunes de investigación relacionadas con la detección de formas graves de delincuencia organizada.

d) Establecer medidas atinentes a la cooperación operativa entre las autoridades a que se refiere el precepto, aunque el Consejo se deberá pronunciar por unanimidad, previa consulta al Parlamento Europeo.

En el art. 88 TFUE se describe la función de Europol[2], como Institución que permite apoyar y reforzar la actuación de las autoridades policiales y de los demás servicios con funciones coercitivas de los Estados miembros, así como su colaboración mutua en la prevención de la delincuencia grave que afecte a dos o más Estados miembros, del terrorismo y de las formas de delincuencia que lesionen un interés común que sea objeto de una política de la Unión, así como en la lucha en contra de ellos. La estructura, funcionamiento, ámbito de actuación y competencias de Europol se fijarán mediante reglamentos dimanantes del Parlamento Europeo y el Consejo.

Europol tiene asignadas competencias que afectan a:

a) La recogida, almacenamiento, tratamiento, análisis e intercambio de la información, en particular la transmitida por las autoridades de los Estados miembros o de terceros países o terceras instancias.

b) La coordinación, organización y realización de investigaciones y actividades operativas, llevadas a cabo conjuntamente con las autoridades competentes de los Estados miembros o en el marco de equipos conjuntos de investigación, en su caso en colaboración con Eurojust[3]. Asimismo, estos reglamentos podrán detallar el control a efectuar por el Parlamento Europeo respecto de las actuaciones desarrolladas, participando incluso los Parlamentos nacionales y se deja sentado que cualquier actividad operativa de Europol deberá llevarse a cabo en contacto y de acuerdo con las autoridades de los Estados miembros cuyo territorio resulte afectado; si bien, la aplicación de medidas coercitivas corresponderá exclusivamente a las autoridades nacionales competentes[4].

2) Cooperación judicial: El TFUE determina que la cooperación judicial en este ámbito se debe basar en el principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales e incluye la aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias de los EEMM en los ámbitos dispuestos en el apartado 2º del precepto y en el art. 83.

Esta colaboración está centrada en un marco jurídico concreto y que está relacionado con aquellas infracciones penales y de las sanciones en ámbitos delictivos que sean de especial gravedad y tengan dimensión transfronteriza, ya sea por su propia naturaleza, por las consecuencias que se desprendan o por la necesidad particular de luchar contra ellas según unos mismos criterios. Se incluyen por lo tanto los siguientes ámbitos: terrorismo, trata de seres humanos, explotación sexual de mujeres y niños, tráfico ilícito de drogas, tráfico ilícito de armas, blanqueo de capitales, corrupción, falsificación de medios de pago, delincuencia informática y delincuencia organizada.

Este marco ofrece como resultado el establecimiento del denominado Espacio Judicial Común, integrado por el conjunto de normas de funcionamiento e instituciones que tienen por finalidad crear una comunidad europea de Derecho en la que se asegure la protección jurídica de los ciudadanos –máxime cuando la protección de los derechos de los ciudadanos comunitarios es uno de los objetivos fundamentales del Tratado de Lisboa de diciembre de 2007, a través de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea–, mediante el cumplimiento de tres principios:

a) El principio de reconocimiento mutuo de decisiones judiciales.

b) El principio de comunicación directa entre autoridades judiciales y policiales.

c) El principio de ejecución indirecta, de las decisiones, por parte de órganos subordinados, facilitando la denominada «cooperación vertical».

Estructuras de cooperación en materia penal en el ámbito de la Unión Europea

Este panorama pretende crear, como se ha dicho, un espacio judicial en Europa con la finalidad de solventar los problemas que trae consigo la interacción entre los diversos ordenamientos jurídicos.

Por tal motivo, se han desarrollado lo que se denominan «estructuras», que son unos órganos cuya finalidad es mejorar la cooperación judicial y policial en el ámbito penal, entre las cuales encontramos figuras como el magistrado de enlace y la Red judicial europea, y que tiene la finalidad de apoyar a las autoridades nacionales en las solicitudes de cooperación. No obstante, el paso de gigante en la materia se produce en el Tratado de Niza con la creación de Eurojust.

También se dice que las estructuras de cooperación judicial y policial se organizan de dos maneras:

Horizontalmente: Destaca la labor desarrollada por la autoridad nacional competente, como en el caso de los equipos de investigación conjunta, los funcionarios y los magistrados de enlace.

Verticalmente: Donde la función de coordinación corresponde a un órgano de carácter supranacional, como son Eurojust en el caso de la cooperación judicial y Europol en el caso de la cooperación policial. Para diferenciar ambos tipos, a las estructuras de cooperación horizontal las denominamos estructuras básicas, mientras que a las de carácter vertical las denominamos agencias de cooperación.

El cuadro que se muestra a continuación puede resultar clarificador a la hora de tratar las estructuras de cooperación penal:

ESTRUCTURA TIPO FIGURA OBJETIVOS FUNCIONES
HORIZONTALESTRUCTURAS BÁSICAS JUDICIAL Magistrado de enlace Impulsar y acelerar la cooperación judicial Intercambio de información y datos estadísticos
RED JUDICIAL EUROPEA Mejorar la ayuda judicial en la UE enlazando directamente a los jueces Cooperación judicial directa entre jueces de los EEMM Asistencia a los órganos judiciales y fiscales que los soliciten. Transmisión de información, asesoramiento y coordinación de asuntos judiciales.
POLICIAL Equipos conjuntos de investigación Policías de los diferentes países de la UE Cooperación policial directa de naturaleza intergubernamental Recoger información sobre hechos delictivos o personas
FUNCIONARIO DE ENLACE Dotar de eficacia la cooperación policial Agente policial destinado otro Estado. Contactos directos con las autoridades de ese país Prestar asesoramiento y asistencia a los EEMM en el ámbito de los delitos transfronterizos. Transmisión de información, asesoramiento y coordinación de asuntos policiales.
VERTICAL: AGENCIAS JUDICIAL EUROJUST Prestar asesoramiento y asistencia a los EEMM en el ámbito de los delitos transfronterizos.Coordinación de investigaciones policiales realizadas por los EEMM

 

Desarrollo de investigaciones penales relativas a la delincuencia grave cuando afecta a dos o más EEMM.Cooperar con la Red Judicial Europea
POLICIAL EUROPOL Mejorar la eficacia y favorecer la cooperación policial entre EEMM Coordinación de investigaciones policiales realizadas por los EEMM.Especialización para ayudar a los EEMM. Contactos con magistrados e investigadores especializados

[4] MOLINA MANSILLA, C., Instrumentos y estructuras de cooperación penal europeas, Biblioteca Básica de Derecho Procesal, Editorial Bosch, Barcelona, 2008.

Coordinación policial en la Unión Europea. Sistema de Autoridad Central

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La estructura de Autoridad Central a efecto de transmitir información e inteligencia criminal en la Unión Europea consta en todas la normativa europea como por ejemplo aparece de forma explícita en el artículo 1.2  de la modificación del Manual Sirene[1] en el que se dice  que “El funcionamiento de los Sirene se inspira en la idea de que los sistemas nacionales no van a poder intercambiar directamente entre sí los datos informatizados, sino únicamente a través del sistema central (C-SIS). De todos modos, los Estados miembros de Schengen tendrán que intercambiar, bilateral o multilateralmente, la información complementaria indispensable para la aplicación de determinadas disposiciones previstas en el Convenio de aplicación, además de la necesaria para el correcto funcionamiento del SIS[2]. Para poder ajustarse a los imperativos de funcionamiento del Convenio, cada Estado miembro de Schengen nombrará a una autoridad central para que actúe como único punto de contacto que intercambie toda información complementaria relacionada con los datos del SIS. Dicho punto de contacto, que se denominará “servicio Sirene”, estará permanentemente operativo las 24 horas durante todos los días del año”

Y añade en el artículo 1.4.8. “Todas las agencias nacionales responsables en materia de cooperación policial internacional, incluidos los Sirene, se estructurarán de modo que se evite la duplicidad de cometidos y los conflictos competenciales con otras instancias nacionales que desempeñen funciones similares”.

El título III del Convenio de Schengen contiene varias disposiciones complementarias en materia de cooperación policial y judicial en donde queda claro el procedimiento operativo seguido a nivel nacional y europeo.

A mayor abundamiento, la Ley 31/2010, de 27 de julio, sobre simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea[3], introduce en el marco jurídico español el contenido de Decisión Marco 2006/960/JAI, de 18 de diciembre, sobre la simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea[4], que constituye un instrumento jurídicamente vinculante sobre la simplificación del intercambio de información e inteligencia. Esta ley aclara algunos aspectos que obligan a reflexionar sobre el alcance de la cooperación policial europea.

Así se refleja, entre otros aspectos, los siguientes:

Ya en su preámbulo especifica que “es necesario que los servicios de seguridad españoles puedan intercambiar información e inteligencia de otros Estados miembros en las distintas fases de la investigación, desde la fase de recogida de inteligencia criminal hasta la fase de investigación criminal. La presente Ley se propone garantizar, con respecto a algunos tipos de información e inteligencia, que determinada información de vital importancia para los servicios de seguridad españoles y de los países de los Estados miembros se intercambie con rapidez. Es precisamente ese intercambio de información sobre datos personales en muchos casos lo que justifica que el texto haya sido informado por la Agencia Española de Protección de Datos en sentido favorable”[5].

Por otra parte el artículo 4 establece que “1. El intercambio de información e inteligencia en virtud de la presente Ley se llevará a cabo a través de cualquiera de los canales normalizados de cooperación policial y aduanera internacionales existentes (Europol e Interpol[6]). La lengua utilizada para la solicitud y el intercambio  de información será la aplicable para el canal de comunicación empleado. 2. La información o inteligencia se intercambiará también con Europol de conformidad con el Convenio basado en el artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea por el que se crea una Oficina Europea de Policía (Convenio Europol) y con Eurojust, de conformidad con la Decisión del Consejo 2002/187/JAI, de 28 de febrero, por la que se crea Eurojust para reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia, y la Ley 16/2006, de 26 de mayo, por la que se regula el Estatuto del Miembro Nacional de Eurojust y las relaciones con este órgano de la Unión Europea, en la medida en que el intercambio se refiera a un  delito o una actividad delictiva que entre en sus respectivas competencias”.

El artículo 7 establece que “1. Los servicios de seguridad españoles competentes designados de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional primera de esta Ley podrán solicitar información e inteligencia a los servicios de seguridad de otro Estado Miembro, al efecto de descubrir, prevenir e investigar la comisión de un delito cuando existan fundadas razones de hecho para creer que el Estado al que se dirige la solicitud dispone de la información e inteligencia pertinente, para lo cual se utilizarán cualquiera de los cauces de cooperación policial o aduanera internacional existentes. 2. La solicitud de información e inteligencia se ajustará al formulario que apruebe el Ministro del Interior y en ella se deberán exponer las razones de hecho a las que se refiere el apartado anterior, el fin para el que se solicita la información o inteligencia, y la vinculación existente entre ese fin y la persona afectada por la solicitud”.

Y “cuando se reciba una petición urgente de información e inteligencia proveniente de un servicio de seguridad competente de otro Estado miembro, el punto o puntos de contacto nacionales designados de acuerdo con lo previsto en el apartado segundo de la disposición adicional primera de la presente Ley la trasladará al servicio o servicios de seguridad españoles competentes que deberán dar oportuna respuesta en tiempo y forma con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10 de esta Ley[7]

Y a la hora de identificar quienes integran los servicios de seguridad competentes, la Disposición adicional primera establece que “1. A los efectos previstos en el artículo 3 de la presente Ley, los Ministerios del Interior y de Economía y Hacienda, en su ámbito respectivo de competencias, remitirán a la Secretaría General del Consejo, para su depósito, la declaración como «servicios de seguridad competentes» de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y el Servicio de Vigilancia Aduanera….2. El Ministerio del Interior remitirá a la Secretaría General del Consejo la declaración de la Secretaría de Estado de Seguridad de dicho Ministerio como punto de conexión a los efectos del apartado sexto del artículo noveno de esta Ley…”.

De todo lo anterior se deduce que los servicios de seguridad competente podrán solicitar y recibir información policial a los demás estados miembros pero siempre a través de los canales establecidos (Sirene y Europol) ya establecidos en el Ministerio de Interior, siendo éste el punto de conexión a los efectos de tramitar la información solicitada por los diferentes cuerpos de seguridad nacionales (art. 9.4).

No obstante, determinados servicios de seguridad competentes autonómicos, como sucede en la Policía de la Generalitat-mossos d’esquadra, contra todos los criterios y normativa europea y nacional, pretenden instaurar otros mecanismos de conexión internacional diferentes a los establecidos legalmente por la Unión Europea lo que podría significar la posible conculcación de los en los que se basa la cooperación policial internacional que podría generar duplicidades, descoordinación e ineficacia policial con el consiguiente posible deterioro de la imagen de los servicios de seguridad españoles en el exterior. Basta tan solo analizar el contenido de los artículos 123 y 124 del Decreto autonómico 243/2007, de 6 de noviembre[8] en donde se atribuye al Gabinete de Seguridad de la Consejería de Interior de la Generalidad de Cataluña, “promover y mantener las relaciones con otros departamentos, autoridades, instituciones públicas y privadas y organizaciones estatales e internacionales responsables en materia de seguridad, cuerpos policiales y otros servicios de seguridad, cuerpos policiales o servicios de seguridad cuando le sea encomendado, en coordinación, cuando haga falta , con el Gabinete del Consejero”[9].

 


[1] DOL 16 noviembre 2006, núm. 317, [pág. 1, Núm. Págs. 40, Comisión Europea.

[2] Sistema de Información Schengen.

[5] Ley 31/2010, de 27 de julio, sobre simplificación del intercambio de información e inteligencia entre  los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea. BOE 182 de 28 de julio de 2010.

[6] El comentario entre paréntesis ha sido redactado por el autor.

[7] Art. 9.6 de la citada Ley 31/2010.

[9] Art. 124.1.j del citado Decreto 243/2007.

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