Comunicación directa de policías autonómicas con Europol (y 2 parte)

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Todos sabemos la importancia que tiene en la prevención de las actividades terroristas la colaboración policial internacional y la ineludible necesidad de que todas las fuerzas de seguridad coordinen sus acciones a nivel estatal antes solicitar o transmitir información de esta naturaleza a otros estados de la Unión Europea por los canales establecidos según establece el Reglamento de la U.E. para la cooperación policial (Europol) que estamos comentando.

Todos los informes expertos sobre la expansión del terrorismo yihadista acreditan que existe una nutrida presencia de magrebíes combatientes en el conflicto sirio iraquí lo que genera una situación de inminente peligro en nuestro país por la proximidad geográfica y que se traducen en numerosas intervenciones policiales en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

Esta importante labor de prevención de actividades terroristas tiene un importante valor que se centra en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) responsable de la coordinación, análisis y valoración de la amenaza de carácter terrorista y del crimen organizado.

Y, ¿por qué se incide en este organismo como estructura básica en la prevención e investigación de delitos de esta naturaleza? Pues porque se entiende que la colaboración policial internacional no se concibe sino va acompañada del cumplimiento de las medidas de coordinación policial internas de cada estado ya que de todos es conocido que cada vez se descubren los denominados combatientes terroristas extranjeros (Foreign Terrorist Fighters, FTF en su acrónimo inglés).

Y, el CITCO se constituye como Punto Nacional de Contacto del Ministerio de Interior en esta materia con la misión de la coordinación y representación nacional ante Europol.

Sólo con esta aclaración se despejan varios de los interrogantes antes planteados ya que si toda la información de carácter terrorista fluye a través de este órgano se disipa cualquier posibilidad de descoordinación policial o vacíos de inteligencia criminal.

Y, a la vista de todo lo comentado ¿podemos seguir pensando que es factible la instauración de un sistema de comunicación directa de las policías autonómicas con Europol La Haya sin contestar a los interrogantes antes planteadas en el anterior documento?

Evidentemente es posible, técnica y jurídicamente, si políticamente se decide mediante Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad nombrar como autoridad competente designada para mantener contactos con Europol a la policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra (PG-ME), si se puede garantizar que se cumplirán todos los requisitos que exige el Reglamento de la Agencia de Europol, pero ¿se puede garantizar que se cumplirán sino se traslada adecuadamente todas las comunicaciones constancia a la Unidad Nacional de Europol en España?

Ese es el interrogante que no se puede resolver con las cautelas que nos exige la normativa europea, pero para ello se debería instaurar un sistema de control que permitiera comprobar, tal y como se refleja en la Instrucción 3/2014 de la Secretaría de Estado de Seguridad, de 26 de enero de 2014 sobre la “Unidad Nacional de Europol. Autorización de contactos directos con Europol a autoridades competentes designadas”, los siguientes aspectos que se cumplen por las dos autoridades competentes autorizadas actualmente, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil:

1.- Que reconozcan a la UNE de Europol en España, dependiente de la División de Cooperación Internacional de la Policía Nacional como único órgano de enlace entre Europol y las autoridades competentes designadas.

2.- Que se reconozca a la Oficina Nacional de Enlace en España en Europol como órgano policial integrado orgánica y funcionalmente en la UNE en donde existen enlaces permanentes de la PG-ME. y otras fuerzas de seguridad nacionales.

3.- Que todas las comunicaciones intercambiadas con Europol se hagan a través de esta Oficina Nacional de Enlace en España.

4.- Que en el caso de que sea autorizada como autoridad competente posteriormente, ya que actualmente no lo es la PG-ME, todas las comunicaciones intercambiadas en el curso de contactos directos con otras autoridades competentes designadas se remita copia integra y simultánea de la transmisión a la UNE española.

5.- Que se reconozca a la UNE Europol en España como responsable de la coordinación y supervisión del flujo de información entre las autoridades competentes designadas y Europol.

6.- Que todos los contactos establecidos se basen siempre en el interés nacional y las relaciones entre las autoridades competentes designadas se basen en los principios de lealtad mutua y transparencia.

7.- Que se reconozca a la Secretaría de Estado de Seguridad como órgano decisor en caso de discrepancia operativa que salvaguardará la confidencialidad de las investigaciones propias de cada cuerpo.

Y, ante todo lo comentado nos podemos preguntar ¿se dan las circunstancias técnicas y funcionales en la actualidad que permitan asegurar que todas estas exigencias se cumplan en el caso de que sea considerada autoridad competente la PG.-ME?

Dejo la respuesta a todos vosotros y gustosamente me ofrezco a debatir.

Saludos cordiales,

Adolfo de la Torre.

 

Comunicación directa con Europol La Haya por Policías Autonómicas

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Imagen: ABC

Como sabemos Europol fue creada por la Decisión 2009/371/JAI del Consejo como un ente de la Unión financiado con cargo al presupuesto general de la Unión para apoyar y reforzar la actuación de las autoridades competentes de los Estados miembros y su colaboración mutua en la prevención y la lucha contra la delincuencia organizada, el terrorismo   y   otras   formas   de   delitos   graves   que   afecten   a   dos   o   más   Estados   miembros (Ver Anexo1).

La Decisión 2009/371/JAI sustituyó al Convenio, basado en el artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, por el que se crea una Oficina Europea de Policía (Convenio Europol) que se derogó por el actual Reglamento 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo  de 11 de mayo de 2016, relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y que entró en vigor el 1 de mayo de este año 2017.

Dado que el terrorismo constituye una de las amenazas más significativas contra la seguridad de la Unión, Europol debe prestar asistencia a los Estados miembros para afrontar los retos comunes a este respecto además de apoyar y reforzar igualmente las acciones y la cooperación en la lucha contra las formas de delincuencia que afecten a los intereses de la Unión. Entre estas formas de delincuencia grave y sus delitos conexos respecto de las cuales Europol es competente, la delincuencia organizada seguirá hallándose comprendida en el ámbito de los objetivos principales de Europol pues, dada su dimensión, importancia y consecuencias, también requiere una actuación común de los Estados miembros debido a su alcance, gravedad y consecuencias.   (más…)

El deber legal de abstención de la Policía ante órdenes ilegales

Como todos sabemos, el 9 de junio pasado, el Presidente de la Generalitat de Catalunya anunció la futura convocatoria de un referéndum sobre la independencia de Cataluña.

Esta convocatoria, según manifiesta el Gobierno de la Nación, atenta contra los artículos 1.2, 2,9.1, 81, 92 y 168 de la Constitución Española, así como de los artículos 1 y 2.4 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Así lo ha señalado el Tribunal Constitucional en reiterados pronunciamientos, entre otros, la Sentencia 259/2015 y los Autos 141/2016 y 170/2016. El Alto Tribunal ha prohibido expresamente la continuación del denominado proceso constituyente en Cataluña y de cualquier acto preparatorio de dicho referéndum.

Es evidente que el adecuado respeto a estos pronunciamientos del Alto Tribunal Constitucional, afecta a todas las instituciones de Derecho Público catalanas entre ellas al Cuerpo de Mossos d’Esquadra por lo que, a la vista del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, conviene señalar cuál sería la afectación jurídica resultante si se ordenara la participación de los agentes policiales de este cuerpo en el desarrollo y ejecución del citado referéndum.

Dada la trascendencia de la situación actual que se vive en el seno de este querido Cuerpo Policial al que me encuentro vinculado profesionalmente y con el máximo respeto hacia todos sus integrantes, quisiera trasladar las siguientes reflexiones: (más…)

Coordinación policial en la Unión Europea. Sistema de Autoridad Central

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La estructura de Autoridad Central a efecto de transmitir información e inteligencia criminal en la Unión Europea consta en todas la normativa europea como por ejemplo aparece de forma explícita en el artículo 1.2  de la modificación del Manual Sirene[1] en el que se dice  que “El funcionamiento de los Sirene se inspira en la idea de que los sistemas nacionales no van a poder intercambiar directamente entre sí los datos informatizados, sino únicamente a través del sistema central (C-SIS). De todos modos, los Estados miembros de Schengen tendrán que intercambiar, bilateral o multilateralmente, la información complementaria indispensable para la aplicación de determinadas disposiciones previstas en el Convenio de aplicación, además de la necesaria para el correcto funcionamiento del SIS[2]. Para poder ajustarse a los imperativos de funcionamiento del Convenio, cada Estado miembro de Schengen nombrará a una autoridad central para que actúe como único punto de contacto que intercambie toda información complementaria relacionada con los datos del SIS. Dicho punto de contacto, que se denominará “servicio Sirene”, estará permanentemente operativo las 24 horas durante todos los días del año”

Y añade en el artículo 1.4.8. “Todas las agencias nacionales responsables en materia de cooperación policial internacional, incluidos los Sirene, se estructurarán de modo que se evite la duplicidad de cometidos y los conflictos competenciales con otras instancias nacionales que desempeñen funciones similares”.

El título III del Convenio de Schengen contiene varias disposiciones complementarias en materia de cooperación policial y judicial en donde queda claro el procedimiento operativo seguido a nivel nacional y europeo.

A mayor abundamiento, la Ley 31/2010, de 27 de julio, sobre simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea[3], introduce en el marco jurídico español el contenido de Decisión Marco 2006/960/JAI, de 18 de diciembre, sobre la simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea[4], que constituye un instrumento jurídicamente vinculante sobre la simplificación del intercambio de información e inteligencia. Esta ley aclara algunos aspectos que obligan a reflexionar sobre el alcance de la cooperación policial europea.

Así se refleja, entre otros aspectos, los siguientes:

Ya en su preámbulo especifica que “es necesario que los servicios de seguridad españoles puedan intercambiar información e inteligencia de otros Estados miembros en las distintas fases de la investigación, desde la fase de recogida de inteligencia criminal hasta la fase de investigación criminal. La presente Ley se propone garantizar, con respecto a algunos tipos de información e inteligencia, que determinada información de vital importancia para los servicios de seguridad españoles y de los países de los Estados miembros se intercambie con rapidez. Es precisamente ese intercambio de información sobre datos personales en muchos casos lo que justifica que el texto haya sido informado por la Agencia Española de Protección de Datos en sentido favorable”[5].

Por otra parte el artículo 4 establece que “1. El intercambio de información e inteligencia en virtud de la presente Ley se llevará a cabo a través de cualquiera de los canales normalizados de cooperación policial y aduanera internacionales existentes (Europol e Interpol[6]). La lengua utilizada para la solicitud y el intercambio  de información será la aplicable para el canal de comunicación empleado. 2. La información o inteligencia se intercambiará también con Europol de conformidad con el Convenio basado en el artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea por el que se crea una Oficina Europea de Policía (Convenio Europol) y con Eurojust, de conformidad con la Decisión del Consejo 2002/187/JAI, de 28 de febrero, por la que se crea Eurojust para reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia, y la Ley 16/2006, de 26 de mayo, por la que se regula el Estatuto del Miembro Nacional de Eurojust y las relaciones con este órgano de la Unión Europea, en la medida en que el intercambio se refiera a un  delito o una actividad delictiva que entre en sus respectivas competencias”.

El artículo 7 establece que “1. Los servicios de seguridad españoles competentes designados de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional primera de esta Ley podrán solicitar información e inteligencia a los servicios de seguridad de otro Estado Miembro, al efecto de descubrir, prevenir e investigar la comisión de un delito cuando existan fundadas razones de hecho para creer que el Estado al que se dirige la solicitud dispone de la información e inteligencia pertinente, para lo cual se utilizarán cualquiera de los cauces de cooperación policial o aduanera internacional existentes. 2. La solicitud de información e inteligencia se ajustará al formulario que apruebe el Ministro del Interior y en ella se deberán exponer las razones de hecho a las que se refiere el apartado anterior, el fin para el que se solicita la información o inteligencia, y la vinculación existente entre ese fin y la persona afectada por la solicitud”.

Y “cuando se reciba una petición urgente de información e inteligencia proveniente de un servicio de seguridad competente de otro Estado miembro, el punto o puntos de contacto nacionales designados de acuerdo con lo previsto en el apartado segundo de la disposición adicional primera de la presente Ley la trasladará al servicio o servicios de seguridad españoles competentes que deberán dar oportuna respuesta en tiempo y forma con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10 de esta Ley[7]

Y a la hora de identificar quienes integran los servicios de seguridad competentes, la Disposición adicional primera establece que “1. A los efectos previstos en el artículo 3 de la presente Ley, los Ministerios del Interior y de Economía y Hacienda, en su ámbito respectivo de competencias, remitirán a la Secretaría General del Consejo, para su depósito, la declaración como «servicios de seguridad competentes» de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y el Servicio de Vigilancia Aduanera….2. El Ministerio del Interior remitirá a la Secretaría General del Consejo la declaración de la Secretaría de Estado de Seguridad de dicho Ministerio como punto de conexión a los efectos del apartado sexto del artículo noveno de esta Ley…”.

De todo lo anterior se deduce que los servicios de seguridad competente podrán solicitar y recibir información policial a los demás estados miembros pero siempre a través de los canales establecidos (Sirene y Europol) ya establecidos en el Ministerio de Interior, siendo éste el punto de conexión a los efectos de tramitar la información solicitada por los diferentes cuerpos de seguridad nacionales (art. 9.4).

No obstante, determinados servicios de seguridad competentes autonómicos, como sucede en la Policía de la Generalitat-mossos d’esquadra, contra todos los criterios y normativa europea y nacional, pretenden instaurar otros mecanismos de conexión internacional diferentes a los establecidos legalmente por la Unión Europea lo que podría significar la posible conculcación de los en los que se basa la cooperación policial internacional que podría generar duplicidades, descoordinación e ineficacia policial con el consiguiente posible deterioro de la imagen de los servicios de seguridad españoles en el exterior. Basta tan solo analizar el contenido de los artículos 123 y 124 del Decreto autonómico 243/2007, de 6 de noviembre[8] en donde se atribuye al Gabinete de Seguridad de la Consejería de Interior de la Generalidad de Cataluña, “promover y mantener las relaciones con otros departamentos, autoridades, instituciones públicas y privadas y organizaciones estatales e internacionales responsables en materia de seguridad, cuerpos policiales y otros servicios de seguridad, cuerpos policiales o servicios de seguridad cuando le sea encomendado, en coordinación, cuando haga falta , con el Gabinete del Consejero”[9].

 


[1] DOL 16 noviembre 2006, núm. 317, [pág. 1, Núm. Págs. 40, Comisión Europea.

[2] Sistema de Información Schengen.

[5] Ley 31/2010, de 27 de julio, sobre simplificación del intercambio de información e inteligencia entre  los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea. BOE 182 de 28 de julio de 2010.

[6] El comentario entre paréntesis ha sido redactado por el autor.

[7] Art. 9.6 de la citada Ley 31/2010.

[9] Art. 124.1.j del citado Decreto 243/2007.

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